REGULADA LA APLICACIÓN DE FONDOS DEL IRPF A FINES SOCIALES DE CARÁCTER AMBIENTAL

Consejo de Ministros
Viernes, 04 de mayo de 2007

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ministerio de Medio Ambiente

REGULADA LA APLICACIÓN DE FONDOS DEL IRPF A FINES SOCIALES DE CARÁCTER AMBIENTAL

El Gobierno reconoce a las ONGs ambientales como potenciales beneficiarias de la casilla del 0,7 por 100 del IRPF.
Las ONGs ambientales quedan así equiparadas a todos los efectos a las ONGs de ayuda al desarrollo y de carácter social.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican un Real Decreto de 1988 por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y un Real Decreto de 1989 por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social, derivados de las asignación tributaria del IRPF.

El objetivo de este nuevo Real Decreto es destinar parte de los fondos obtenidos a través de la recaudación del IRPF a fines de interés social de carácter ambiental, al igual que desde finales de los años 80 se vienen financiando actividades de cooperación y voluntariado sociales y de cooperación internacional al desarrollo.

Esta iniciativa responde a la creciente sensibilización social de los ciudadanos por los temas ambientales. En la línea de incrementar la información y la concienciación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha suscrito recientemente un Acuerdo Marco con el Consejo Estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social en el que se fijan un conjunto de prioridades para la acción coordinada, entre las que destaca la atención a las necesidades de desarrollo ecológico y de protección ambiental en relación con la calidad de vida de las personas.

Con el Real Decreto tendrán la consideración de fines de interés social los programas de las asociaciones declaradas de utilidad pública, así como las fundaciones adscritas al Protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, que fomenten, en relación con la defensa del medio natural y la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático.

Cuota del IRPF

A este respecto, en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 se ha elevado de 0,52 por 100 a 0,7 por 100 el porcentaje de la cuota íntegra del IRPF destinado a subvencionar actividades de interés social. Ello permitirá que las aportaciones que perciba el Ministerio de Medio Ambiente para el otorgamiento de ayudas y subvenciones a programas ambientales no minoren las cuantías que venían recibiendo los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por otro lado, desde el inicio de la Legislatura el Gobierno ha demostrado su sensibilidad con el trabajo realizado desde las ONG ambientalistas y, por ello, el Ministerio de Medio Ambiente reactivó el Consejo Asesor de Medio Ambiente creado en 1994 y que en la Legislatura anterior había dejado de convocarse. El Consejo comienza su nueva andadura, incluso antes de constituirse formalmente, mediante reuniones abiertas en las que participan representantes de organizaciones ecologistas, sindicales y empresariales. En estos tres últimos años el Consejo ha desarrollado una gran actividad reuniéndose en Pleno en ocho ocasiones. Del mismo modo, también se han promovido otros Consejos como el del Clima o del Agua donde las ONG ambientalistas participan activamente.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente ha visto consolidado sus funciones también con la Ley de 2006 de acceso a la información y justicia y con el reconocimiento de las ONG para actuar como parte interesada en todos los asuntos que supongan infracción de la normativa ambiental. De esta manera se potencia el papel de las ONG ambientales como organizaciones comprometidas con un modelo de desarrollo más sostenible.

El texto normativo ha sido propuesto por los Ministerios de Medio Ambiente, Asuntos Exteriores y de Cooperación, Economía y Hacienda, y Trabajo y Asuntos Sociales.

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